Alemania

Si alguien tiene que salir de su vivienda como consecuencia de un desahucio y no encuentra una nueva, existen entidades estatales que ayudan a encontrar un nuevo piso. El estado tiene contratos con grandes arrendadores que tienen siempre viviendas para casos como estos. El estado alemán paga a todo quien no pueda costeárselo y sin limitación temporal, el arriendo de la vivienda más 380 € al mes (el famoso Hartz IV).

Reino Unido

El órgano regulador de los mercados financieros en Reino Unido, obliga a los bancos a tratar de forma «justa» y a ofrecer a sus deudores alternativas de pago «razonables» para devolver créditos hipotecarios con las que tienen dificultades o retrasos en las mensualidades. Una vez agotado ese diálogo, el banco puede acudir en caso de impagos a un juez a solicitar una «reclamación de posesión». Los jueces valoran si se han dado alternativas razonables de pago, y dicta en unas ocho semanas una «orden de posesión». Esta quedará en suspenso si acuerdan una fórmula y calendario para saldar la deuda, siempre que el titular de la hipoteca cumpla con los pagos. Si no, se ejecuta el desahucio. A raíz del crecimiento de los desahucios en 2008 por la crisis (un 31% sobre el año anterior), entró en vigor en noviembre el llamado Protocolo de Acciones Previas con dos objetivos: reforzar la obligación a las dos partes de que actúen de manera «justa y razonable» una con otra y fomentar mayores contactos prejudiciales entre ellas.

 Portugal

Hace pocos días entró en vigor la nueva legislación portuguesa sobre los créditos hipotecarios creando un régimen extraordinario, vigente hasta finales del 2015, que prevé condiciones más favorables para las familias con dificultades económicas. Está destinado a las familias que no pagan sus hipotecas siempre que cumplan los requisitos, entre ellos que al menos uno de los dos cónyuges esté en el paro o haya sufrido una pérdida de rendimiento anual bruto superior al 35%. Dichas familias pueden pedir un periodo de carencia de sus hipotecas entre uno y dos años,  una prórroga del plazo de amortización del préstamo o un préstamo adicional.

Cuando todas estas medidas se revelan insuficientes los clientes pueden avanzar para otra fase en la que la principal medida es la entrega de la casa al banco. En este caso, la legislación pasa a permitir que la entrega del inmueble extinga totalmente la deuda cuando la suma del valor de la tasación actual de la casa y de los pagos efectuados a título de reembolso del capital «sea, por lo menos, igual al valor del capital inicialmente acordado» o cuando «sea igual o superior al capital que se encuentre en deuda». Cuando la entrega de la casa no paga totalmente la deuda, ésta debe pagarse con intereses y comisiones.

Grecia

Las autoridades ya en el 2010 legislaron sobre la regulación de las deudas de los consumidores endeudados con la ley 3869/10 que obliga a que antes de la regulación judicial de las deudas (atrasadas o corrientes) se deba efectuar un intento para llegar a un acuerdo extrajudicial con los acreedores.

Ello permite que el acreedor pueda contar con la ayuda del Defensor del Consumidor, el Comité de Regulación Amistosa en todas las Prefecturas, la Asociación de Consumidores, el Mediador Bancario y su abogado (se puede elegir a quién). Todos ellos pueden ayudar al acreedor a conocer sus derechos y sus obligaciones cuando no está en condiciones reales de pagar sus deudas y especialmente su hipoteca.

Lo más importante de esta ley es que protege la vivienda principal del deudor, siempre y cuando se pueda probar legalmente que no tiene ni él ni su familia con la que comparte dicha vivienda medios para hacer frente a su pago. Ello significa que aunque el resto de las propiedades puedan ser embargadas, no lo será nunca la vivienda principal. La ley especifica que el valor de esta vivienda principal no puede ser superior a una cantidad concreta relacionada con la imposición fiscal: en el caso de alguien soltero, vivienda por valor de hasta los 200.000 euros; en el caso de casado, separado o viudo 250.000 euros (aumentado en 25.000 euros por cada uno de los dos primeros hijos y de 30.000 euros para el tercero y siguientes hijos). En general los deudores y sus acreedores llegan a un acuerdo por el que se «congela» el pago de la hipoteca y el desahucio de la vivienda principal hasta que cambie la situación del acreedor o se reduce notablemente y durante un tiempo específico la hipoteca a pagar, según los ingresos del deudor.

Esta ley puede también «congelar» durante un año o más toda hipoteca siempre que el deudor pueda demostrar que está en el paro, tenga problemas graves de salud él o alguien de su familia y sus ingresos totales no sean suficientes para cubrir sus necesidades elementales. Al pasar el año se revisa la situación.

El artículo completo en : http://www.abc.es/20121113/economia/abci-desahucios-europa-201211121612.html