El decreto ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros establece el marco por debajo del cual se considera a alguien dentro del umbral de exclusión social: la familia debe tener a todos sus miembros en paro, que el 60% del conjunto de sus ingresos (incluidas prestaciones por desempleo) no sea suficiente para cubrir las cuotas de la hipoteca y que la ejecución afecte a su primera y única residencia. Esa vivienda no podrá exceder un valor de 200.000 euros en las grandes ciudades o de 120.000 euros en las poblaciones de menos de 1 millón de habitantes.

Las entidades bancarias que voluntariamente lo firmen, tendrán la obligación de cumplir un protocolo diseñado para tratar de evitar los desahucios. El primer paso, para las familias que cumplan todos los requisitos anteriormente referidos, será una renegociación de sus hipotecas.

Las entidades deberán conceder un periodo de carencia de cuatro años. Además, las hipotecas se alargarán hasta un plazo de 40 años y el tipo de interés se limitará a Euribor más un diferencial de 0,25.

Si estas medidas en la renegociación de la hipoteca no resultaran suficientes para que la familia pueda seguir haciendo frente a su deuda, las entidades deberán aplicar una quita cuyo porcentaje variaría en función de cada caso. Si aún así, los afectados no pueden responder a sus obligaciones, la entidad tendría que aplicar la dación en pago: la entrega de la vivienda para saldar la deuda hipotecaria.

El Gobierno prevé que las familias que se beneficien de la dación en pago puedan permanecer en la vivienda durante un periodo de dos años, prorrogables, en régimen de alquiler. Esta renta se establecería calculando un 2,5% del saldo de deuda restante que deben pagar las familias.

El presidente de la Asociación de Consumidores de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), ha advertido que limitar esta medida a las familias sin ingresos y con todos sus miembros en paro «puede resultar un fracaso» para evitar que los desahucios alcancen cifras «escalofriantes» durante 2012, ya que existen más de 160.000 familias españolas inmersas en procesos de ejecución hipotecaria.